Vicky Peláez

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Columna semanal por Vicky Peláez

"Si un perro flauta me acosa por la calle, le arranco la cabeza", dice un diputado del PP. Si por molestarte en la calle mereces ver tu cabeza arrancada del tronco, ¿cuál es la pena proporcional por dejarte sin trabajo? ¿Y por no poder pagar el colegio de tus hijos? ¿Y por perder la casa en la que has metido todos tus ahorros durante los últimos diez años?¿Y por endeudarte de por vida aunque además hayas perdido la casa? ¿Y por perder el acceso a la sanidad, a la universidad, a una pensión, al seguro de desempleo?

Los que dieron el golpe de Estado en 1936 dijeron que los movió el amor a España. Pero de España, como dijo Franco, les sobraba la mitad de los ciudadanos. Que eran españoles. Que están todavía enterrados en zanjas y cunetas. Desde la patronal nos dijeron que nos fuéramos a trabajar a Laponia. Una parte importante de los jóvenes le ha tenido que hacer caso. Los de siempre. Nunca han existido dos Españas. Eso siempre ha sido una mentira. Hay una España mayoritaria y una minoritaria con mucho poder, capaz de acercar a su bando a una parte de la mayoría. El miedo hace el resto. En la España de ellos siempre están los mismos. Desde los Reyes Católicos y su Inquisición. Por eso, el PP no necesita arrancarle la cabeza a los últimos que pusieron el miedo en su bando. Están ahí, hechas tierra y vergüenza para nuestra democracia.

El poder, sobre todo, posee eficaces herramientas para amedrentar a una parte importante de la ciudadanía. Medios de comunicación, iglesias, puestos de trabajo, presencia social, ritos, cultura y el Hola. Un diputado dice que no le tiembla la mano para volver a ejecutar disidentes. Antes eran rojos. Ahora, como ya no hay Unión Soviética, son perros flauta. El miedo, y los nombres, siempre los han administrado ellos. Y exhumar asesinados, expropiar unos carritos de la compra, decirles en el portal de su casa que nos están arruinando la vida y la del futuro, cuestionar la monarquía o recordarles que están robándose el país que dicen que aman, les hace caer en una angustia existencial, propia de quien nunca ha tenido la sensación de sobrar en ningún lado.

¿No cabría situar en la inconstitucionalidad a dos partidos, PSOE y PP, que han dinamitado el carácter social de nuestro país recogido en el artículo 1 de la Constitución?

La dureza de la respuesta del PP a los escraches es muy lógica. La derecha entiende siempre muy rápido las cosas del poder. La legitimidad del sistema político español está en cuestión. Cuando los esclavos dejan de interiorizar su condición, el amo ya no puede dormir tranquilo. El PP lo sabe: lo que ayer era permitido, ahora no lo es. Aunque lo sigan diciendo las leyes. Habían puesto al mismo nivel cosas que no se pertenecen. La Constitución, las leyes, los jueces, los policías y el portero de su casa les saludaban como personas importantes. Pero han surgido nuevas preguntas. ¿Por qué no permitimos un diputado que defienda la pederastia o la ejecución de las minorías o la lapidación de las herejes o adúlteras —lo perseguiríamos hasta debajo de las piedras, porque la democracia tiene derecho a defenderse—, pero permitimos un diputado que esté a favor de los desahucios? Ese es el cambio. Y es lo que les pone de los nervios. Es una lucha política. Si podemos perseguir a los que roban nuestra tranquilidad, están en peligro. Estamos escribiendo nuevas reglas del juego. Y los que siempre han sido dueños del tablero se asustan.

Los escraches son reformismo. Pero hasta el reformismo asusta. De ahí la ridiculez de comparar escraches y terrorismo. Recuerdan Pisarello y Asens que "los escraches son una acción informativa, que se ha de hacer "de manera totalmente pacífica" y sin "importunar a los vecinos". También se estipula que deben realizarse en días laborables y en horario escolar, de modo que los niños nunca sean interpelados. Los casos personales se intentarán explicar sin insultos ni amenazas. Se evitarán ruidos o molestias innecesarios y se procurará ser amables con quienes trabajan en comercios y con los transeúntes. No todas las antiguas reglas han perdido su sentido. Sólo aquellas que únicamente sirven a unas minorías privilegiadas. Pero la situación política está tan podrida que hasta las reglas mínimas de la democracia les están sobrando.

El escrache es una forma de desobediencia civil. Cumple las tres reglas que marcó Habermas para que sea tal y no caiga en otras formas de desobediencia que carecen de legitimidad: son pacíficas, lo que se reclama tiene carácter universal —no se reclama en exclusiva para uno mismo, sino para todos— y se está dispuesto a asumir las consecuencias de los propios actos. La desobediencia civil es una válvula de seguridad democrática. Surge cuando las demandas sociales van por delante de las leyes y del comportamiento político institucional. Las leyes que ayer nacieron para defender a los políticos del acoso de los monarcas absolutos -inviolabilidad, inmunidad, fueros especiales- se han convertido hoy en formas de privilegio. Si en España tuviéramos una Constitución como la alemana, hace tiempo que el Tribunal Constitucional tendría que haber llamado al derecho de resistencia o habría declarado fuera de la Constitución a, cuando menos, los dos últimos gobiernos del Reino de España. ¿Por qué los jueces son tan solícitos para algunas cuestiones y, en cambio, han tolerado la ruina del país consumada por Zapatero y Rajoy? ¿No cabría situar en la inconstitucionalidad a dos partidos, PSOE y PP, que han dinamitado el carácter social de nuestro país recogido en el artículo 1 de la Constitución?

Escribía en otro lugar que vemos con pasmo que lo que estaba prohibido, ahora está permitido —sueldos desorbitados, sacar dinero del país, vaciar instituciones, usar información privilegiada—, y que lo que estaba permitido —derecho a manifestación, libertad de expresión, derecho de reunión— están, de facto, prohibidos. Vemos que desaparecen las garantías de reparto de la riqueza social y aumentan las desigualdades; que los políticos que gestionan la transferencia de renta desde las clases medias y bajas a los ricos tienen la llave de la puerta giratoria que les permite un futuro cómodo en las grandes empresas; que cualquier tipo de protesta pasa a ser criminalizada por esos políticos que están gestionando ese robo de los de abajo hacia los de arriba (llevando a suelo patrio lo que antes se hacía entre continentes). "Por la mitad de lo que estos están haciendo yo me he pasado diez años en la cárcel", dice el bróker de Wall Street, la película de Oliver Stone, viendo a nuestros actuales dirigentes. Y eso que no sabía ni lo de la Infanta, ni lo del coche en el garaje de Ana Mato, ni lo de la escritora fantasma de Mulas, ni lo de los sobres del PP. Cuando lo ilegítimo se convierte en legal, nace el momento de la desobediencia. En América Latina se preguntan a qué está esperando Europa.

Los escraches son nuevas reglas del juego para una nueva partida democrática. Y tienen la misma oposición que en su día tuvo el sufragio universal, el derecho a huelga o a manifestación. El escrache es un diálogo directo con los "mandatarios" que se convierten otra vez, gracias a ese acto de diálogo forzado, en "mandatados". Que es lo que siempre han sido, aunque el abandono de la conciencia democrática le dio la vuelta a los papeles. Los escraches tenemos que entenderlos como la actualización en el siglo XXI de la rendición de cuentas democrática, de la exigencia del cumplimiento cabal de los programas electorales (o la convocatoria de nuevos comicios), de la reclamación de comportamientos acordes con la soberanía popular, de la renovación de la construcción de la voluntad popular más allá de la distancia que marcan los partidos, de la reivindicación de la honestidad en el ejercicio de los cargos públicos.

Los escraches son el penúltimo intento amable de un pueblo que quiere hacerse escuchar

Déjenme repetirlo: los escraches son el penúltimo intento amable de un pueblo que quiere hacerse escuchar. Con los escraches, el escenario, en cualquier caso, se clarifica: los diputados que no soporten la cercanía de los electores, que se marchen. En democracia, es el pueblo el que manda. Aunque expresarnos así parece devolvernos a un lenguaje que se hablaba en tiempos arcaicos. ¿Quieren seguir manteniendo los políticos la impunidad? ¿Quieren trabajar para otro señor que no es el pueblo y que nadie les demande por su traición? ¿Va a convertirse la política en un negocio paralelo al desmantelamiento de los sistemas de previsión social?

La salida fácil es decir que los escraches son una forma de amedrantamiento que pertenece a los regímenes fascistas. Se equivocan. Las tensiones entre sectores sociales pertenecen a todos los regímenes que mantienen desigualdades. ¿Quién sin que se le caiga la cara de vergüenza va a defender que un escrache es más violento que un desahucio, que un despido, que un corralito, que el cierre de la universidad y las urgencias, que una mentira electoral, que las machadas de los antidisturbios, que las multas por ejercer la democracia?

Los que están en contra de los escraches son los que están a favor de otras formas de protesta que ya no cambian nada. El mismo diputado del PP que vota en contra de la ILP, es decir, el mismo diputado que construye "fascismo social" expulsando de la ciudadanía a una parte importante de los españoles y españolas, dice que los escraches se emparentan con las señales pintadas por los nazis en las tiendas de los judíos. Es al revés: son ellos los que nos cuelgan la estrella en el pecho negándonos el sustento, la vivienda, la salud. Esa democracia que defienden sólo existe en sus discursos. Hace tiempo que se ha ido.

Igual que Israel se comporta con los palestinos con maneras de nazis, el neoliberalismo está haciendo de nuestros países un enorme campo de concentración enmascarado en formas democráticas. Una queja que no es oída no tiene efectos democráticos. Por eso los escraches están devolviendo la democracia perdida o quizá, incluso, están permitiendo el advenimiento de la democracia que nunca hemos tenido. La democracia se gana siempre en la confrontación. Por eso dijo Fraga que la calle era suya. Los derechos siempre se ganan o se pierden en el pulso político. Y una forma clara de ese pulso, hoy, son los escraches. Es normal que el PSOE, el PP, UPYD, CIU o el PNV estén en contra. Tan evidente como que hay que regresar a los lugares donde nacieron los partidos. A la calle. Los escraches ya han empezado a marcar el camino.-

Juan Carlos Monedero es  profesor de ciencia política en la Universidad Complutense

Desde Barcelona

Una nueva palabra se acaba de incorporar al léxico de España: el escrache. Ahora resulta de lo más normal oírla por las mesas de los bares o leerla en el diario pero, hasta hace dos semanas, nadie en este país sabía lo que era “escrachar” a alguien. Los encargados de exportar no sólo el nombre sino lo verdaderamente importante, la acción, fueron los desahuciados. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) adoptó esta forma de denuncia instaurada en la Argentina contra los represores de la dictadura, para informar y presionar a los políticos del Partido Popular (PP) que no quieren apoyar en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, con el soporte de un millón y medio de firmas, reclama la dación en pago de las viviendas como modo de cancelar las deudas hipotecarias.

“¡Sí se puede, pero no quieren!”, gritaban este viernes las cerca de doscientas personas que rodearon en Madrid el domicilio de la vicepresidenta de gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Con pancartas que ilustran el botón verde del Sí y el rojo del No que los diputados tienen que pulsar en la Cámara para la votación de una iniciativa, los activistas buscaban señalar a quien forma parte del único partido político (el PP) que manifestó su rechazo a la propuesta de ley para frenar los desahucios. “Que no viva ajena a las dramáticas consecuencias que su comportamiento está ocasionando”, leyó uno de los afectados, megáfono en mano, antes de guardar un minuto de silencio por los suicidios a raíz de la pérdida de las viviendas.

Esa misma noche, en un comunicado, el grupo parlamentario de los populares condenó “rotundamente los actos de acoso a los diputados”, y consideró el escrache como algo “absolutamente inútil” para hacer escuchar sus reivindicaciones. El portavoz del PP, Alfonso Alonso, advirtió, además, que de la docena de diputados del partido que, según sus estimaciones, fueron increpados en sus casas durante el último mes, “la mayoría ha presentado denuncia o lo hará en horas”.

Pese a que las filas del PP no se cansan de avisar que los antidesahucios no lograrán nada con esta campaña, algunos resultados ya comenzaron a verse. El pasado miércoles, por ejemplo, el escrache a la diputada popular y concejala del distrito de Vallecas de Madrid, Eva Durán, consiguió su compromiso de mediar con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) para paralizar el desahucio de una afectada. Aproximadamente 50 personas esperaron a la diputada a la salida de un pleno que se celebraba en la intendencia para entregarle una carta confeccionada por los damnificados del barrio de Vallecas en la que se le informaba de la situación por la que están pasando muchos vecinos de la localidad y se le solicitaba reconsiderar su voto negativo a la ILP apoyada por la mayoría de la población.

“Nosotros decidimos en asamblea a qué diputado informar –cuenta Beatriz García, miembro de la PAH de Madrid–. Quedamos en un sitio y nos movilizamos en columna hacia la casa mientras vamos señalizando la calle con los carteles rojos y verdes. Explicamos a todos los vecinos por qué hacemos esto y muchos nos apoyan. También hablamos con comerciantes para poner carteles en las puertas de lugares por los que el diputado pasa diariamente.” Estos son algunos de los métodos de protesta que desde el oficialismo se insiste en calificar de violentos e incluso de terroristas. Mariano Rajoy, en una conferencia en París, tachó de “profundamente antidemocráticos” los escraches y la delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, comparó las actuaciones de la plataforma antidesahucios con las del movimiento etarra en el País Vasco. “El escrache es algo pacífico, tranquilo e informativo. Los políticos y la prensa han convertido en un escándalo el hecho de acercarnos a nuestros representantes políticos para que escuchen nuestras historias y reconsideren su voto sobre la ILP por el derecho a la vivienda”, declaraba Iván García, otro activista de la agrupación.

El Partido Popular buscó por todos los medios criminalizar la lucha en contra de los abusos inmobiliarios, justo en el momento en que se terminaba el plazo para presentar enmiendas al texto de la ILP para la dación en pago, la paralización de los desahucios y la creación de un parque público de vivienda destinado al alquiler social. El pasado martes, todos los grupos parlamentarios se mostraron de acuerdo con los puntos propuestos por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, salvo el PP, que rechazó la dación en pago universal, una medida que evita que el hipotecado pierda su casa y continúe cargando con una deuda de por vida debido a la caída del precio de su vivienda.

La intención del grupo de Rajoy es que, una vez ejecutada la hipoteca, la deuda pendiente pueda reducirse en función de un calendario de pagos, que puede durar 10 años, con posibilidad de quitas, según explica José María Fernández Seijo, el juez de Barcelona que elevó al Tribunal Supremo europeo el caso por el que se consideró ilegal la normativa española sobre desalojos. “El gobierno olvida que los desahuciados son personas que no han hecho frente a sus pagos por estar inmersos en situaciones límite: desempleados de larga duración sin subsidios ni recursos ante el panorama oscuro de la inserción laboral en nuestro país”, afirma el magistrado.

Para minimizar los efectos de estas enmiendas, el Partido Popular procuró desprestigiar al movimiento antidesahucios y buscar el respaldo de la opinión pública en contra de los escraches que acusa de “medios de acoso y coacción”. Hizo llegar entonces, desde la Secretaría de Estado de Seguridad a las comisarías, una instrucción en la que se ordena identificar y detener a quienes participen en actos de hostigamiento a políticos. Pero hasta la misma policía se opuso. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, José María Benito, declaró que “identificar y detener sin haber cometido una infracción es una barbaridad”.-

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