Vendredi 6 novembre 2009
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Surgido hace 38 años, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
(CSPP) de Colombia, tal y como nos explica su presidente, Agustín Jiménez,
centra su trabajo en dar una atención especial a la situación carcelaria y
jurídica de las personas que son acusadas de cometer delitos políticos. De
entre ellos, la mayoría son personas que ejercen alguna acción social o
actividad política. Como son opositores al Gobierno, éste les hace
montajes para tratar de demostrar que son de la guerrilla o crea juicios
fingidos para poderlos llevar a los centros carcelarios.
- ¿Qué tipo de presos políticos existen en Colombia?
Básicamente se dividen en tres grupos. Primero están las personas que
participan directamente del conflicto armado y que son miembros de los
grupos insurgentes. También están aquellos que viven en las zonas en las
que estos grupos tienen presencia y que normalmente son acusados de
pertenecer a la guerrilla porque en algún momento les dan algún apoyo o
tienen algún contacto, como es normal que suceda ya que ellos están en la
misma zona. La mayoría de ellos son humildes campesinos o indígenas que no
escogen vivir allí, sino que están en su territorio y en los que se
presentan estas situaciones. En tercer lugar, como grupo más numeroso,
están los dirigentes sociales y sindicales, defensores de derechos humanos
y políticos de la oposición que son detenidos y acusados de pertenecer a
la guerrilla.
- ¿Cuántos presos políticos hay en Colombia?
Nosotros hemos estado manejando como 7.000 personas que están en los
centros carcelarios acusadas de delitos como el de rebelión o de
participar en el conflicto armado como miembros de los grupos insurgentes.
- ¿Cuál es la situación actual respecto a la criminalización de la lucha
social en Colombia?
Actualmente la situación es bastante grave porque el gobierno de Álvaro
Uribe ha tratado de aprovechar la existencia de un conflicto armado para
deslegitimar las acciones de las organizaciones y comunidades que luchan
por sus derechos acusándoles de pertenecer a alguna organización [armada].
El Gobierno ha diseñado toda una serie de estrategias para hacer montajes
judiciales en contra de estas personas. Especialmente ha utilizado los
testimonios arreglados de quienes tienen la condición –o dicen tenerla– de
reinsertados y que han pertenecido a los grupos insurgentes, testificando
en contra de los dirigentes sociales y declarando lo que el Gobierno
quiere que digan. Muchas veces los militares y los policías los entrenan
para esto montando pruebas falsas. Otro de los recursos que utiliza el
Gobierno es la red de informantes que se ponen de acuerdo con las
autoridades para hacer los montajes judiciales.
Esto ha provocado que durante el gobierno de Uribe unas 10.000 personas
hayan sido detenidas arbitrariamente como parte de una política que busca
meterle terror a la población a través de detenciones masivas. La mayoría
de ellas han quedado en libertad, pero otras se encuentran todavía en los
centros carcelarios.
Pero el Gobierno también utiliza al Ejército para criminalizar la
protesta. Por ejemplo, en el caso de las protestas universitarias,
metiendo al Ejército en las universidades y violando la autonomía
universitaria, o en los territorios indígenas, cuando estos realizan
alguna protesta en sus territorios.
Además, el Gobierno sale permanentemente a los medios de información a
estigmatizar a todo líder social o defensor de derechos humanos
llamándolos terroristas y sosteniendo que todas sus acciones de denuncia
están conjugadas con los grupos guerrilleros.
- ¿Cómo ha afectado al tema de los presos políticos la política de
“seguridad democrática” de Álvaro Uribe?
Con el epíteto de “terrorista”, el Gobierno ha pretendido justificar una
acción de persecución y hostigamiento contra las personas detenidas por
motivos políticos, colocándolas en situaciones aún más graves que las que
viven el resto de presos.
Muchos presos políticos han tenido que sufrir aislamientos prolongados y
situaciones críticas de derechos humanos y en algunos casos han tenido que
soportar que se les coloque en los mismos espacios que a los presos
paramilitares, lo cual supone un riesgo altísimo para ellos, sobre todo
porque los paramilitares tienen el apoyo de la guardia e incluso a veces
de la dirección de las cárceles para atacar a los presos políticos.
Además, los presos políticos son enviados a lugares muy alejados de su
familia, lo que se convierte en un sufrimiento permanente para ellos.
- ¿Cómo ha afectado el Plan Colombia a la política carcelaria de Uribe y
en concreto en lo referente a los presos políticos?
A través del Plan Colombia, Uribe firmó un acuerdo con la Oficina Federal
de Prisiones de EE. UU. para construir un número bastante grande de
cárceles que ellos llaman de alta seguridad. En ellas, a imagen y
semejanza de lo que plantea la política de EE. UU., lo que se busca es
mantener de manera permanente una situación de presión y represión sobre
el preso como una forma de castigo. Esto está provocando, por ejemplo, que
algunos presos tomen la decisión de suicidarse ante la aplicación de un
régimen carcelario que llega a ser inhumano.
La guardia de prisiones fue también formada por la Oficina Federal de
Prisiones para aplicar presión permanente y control de seguridad, y los
reglamentos carcelarios fueron cambiados para privilegiar la seguridad por
encima de los derechos humanos.
Todo ello ha provocado un cuadro muy grave en los centros carcelarios del
país para todas las personas detenidas, pero en especial para los presos
políticos, porque esta política carcelaria también se desarrolla con la
idea de tener elementos para la represalia contra el preso que se
considera enemigo.
- ¿Hasta qué punto ha sido aplicada en Colombia la política estadounidense
de defensa del uso de la tortura?
No se ha notado un aumento importante en ese sentido porque ya el Ejército
colombiano usa la tortura desde hace mucho tiempo.
Hasta hace no mucho en los centros carcelarios se ha tenido cuidado con el
uso de la tortura, pero en los últimos tres o cuatro años han vuelto a
aumentar los indicadores de tortura en todo Colombia. Ahora, mucha de la
tortura se está dando fuera de los centros carcelarios, en el momento de
la detención y en los centros de reclusión temporal, sobre todo con la
finalidad de conseguir información que permita aumentar las órdenes de
captura.
Más información:
http://www.comitedesolidaridad.com/
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Par Verde
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Publié dans : Revolución Bolivariana