Pesca artesanal: sólo el clasismo podrá salvar el rubro

La ley Longueira, en torno a lo que se ha llamado la privatización de los recursos del mar y el acabose de la pesca artesanal, viene a consolidar un modelo de administración pesquero, que comenzó programáticamente en dictadura, que propicia el saqueo y el despilfarro por parte del capital nacional e internacional y que, sin embargo, nunca ha tenido mayor resistencia social dentro de su desarrollo. Esto explica el estado actual de la pesca artesanal en Chile y la sobrexplotación de varias pesquerías nacionales, pero además nos permite analizar los factores que han construido, hasta el día de hoy, las reivindicaciones programadas dentro de los sectores llamados a rescatar el rubro.

En perspectiva histórica

La necesidad de legislar en torno a la pesca surgió a mediados de los 80s en función de los intereses de la clase empresarial por asegurar una institucionalidad que salvaguardase sus ingresos en el tiempo (1). El carácter programático de estos esfuerzos puede notarse en la similitud que existe entre el primer esbozo de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), redactado entre 1988 y 1989 por comisiones legislativas de la dictadura, y la ley Longueira. Ya en este temprano esbozo legislativo se contemplaba la implementación de Cuotas Individuales Transferibles (CIT), las cuales correspondían a fracciones de la Cuota Total Permisible (CTP) que se asignarían a particulares y que podrían transarse en el mercado como cualquier bien. Un modelo de administración pesquero que no solo es viejo sino que copiado de la criticada legislación de los E.E.U.U (2). El objetivo final consistía en la mercantilización total de los recursos pesqueros, el ingreso de capital extranjero, y como se ha visto recientemente, utilizar los recursos del mar como moneda de cambio, por parte del empresariado criollo para negociaciones como el TLC con la unión europea y el ingreso de Chile a la O.C.D.E (3).

Si bien los intereses empresariales no pudieron concretarse a plenitud en 1990 cuando la LGPA fue finalmente aprobada por el gobierno de Aylwin, los tecnócratas pesqueros de los sectores industriales lograron que, tras 10 años de “carreras olímpicas”, en las que los más fuertes hegemonizaron las capturas, una reforma a la LGPA permitiera aumentar la rentabilidad de las empresas con “derechos históricos de pesca”. Esta reforma consistía en establecer los Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) y el Régimen Artesanal de Extracción (RAE), que justificados como una medida de conservación pasaron a ser el siguiente y fundamental paso hacia la privatización de los recursos pesqueros. Los LMCA se aplicaron a los armadores industriales y consistían, en términos simples, a concesiones de una fracción de la CTP a un armador por un periodo de tiempo definido, el cual durante el 2002 pasó a ser de 10 años. Aquí cabe mencionar que los Zaldivar, gestores de esta reforma, ganaron alrededor de 309 millones de pesos debido al alza en el valor de sus acciones en la empresa pesquera Eperva y sus filiales tras la promulgación de la reforma de la LGPA (4). Solo se requirió otorgar la concesión de toneladas de pescado por 10 años a una persona y ahora sus barcos valían su valor patrimonial y el agregado de sus derechos a pescar.

El RAE, funcionó de forma similar a los LMCA pero en el sector artesanal, otorgando un privilegio a ciertas personas dueñas de una embarcación (o varias) y proletarizando así a tripulantes, motoristas, y todas aquellas personas que históricamente habían generado un sistema de trabajo que, si bien no garantizaba, al menos permitía en esa añorada esfera de lo inédito viable, la colectivización de los gastos y ganancias. Entendemos con esto que la implementación del RAE no tuvo tanto que ver con la preocupación por los recursos objetivo de la pesca artesanal como con la consolidación de una pequeña burguesía pesquera artesanal servil a los intereses de la clase empresarial.

Mientras el proceso descrito anteriormente tomaba lugar en el área de las pesquerías, paralelamente la estatalmente subsidiada industria salmonera crecía estrepitosamente en los mares australes del país. Este crecimiento, que claramente puede relacionarse con una legislación medioambiental y laboral irrisoria, también tiene un correlato con la industria pesquera. Hoy en Chile está más que claro que la razón de la pesca, industrial y artesanal, es alimentar salmones. Se requieren entre 5 y 10 kilos de pescado de especies capturadas por la pesca en general para cosechar 1 kilo de salmón. Eso debido a la industria reductora que utiliza los peces nativos para manufacturar harina y aceite de pescado los cuales se usan para hacer alimento de salmones. Esto quiere decir que por cada kilo de salmón que compran países como Japón y E.E.U.U (no hay gran mercado interno para el salmón) se desperdician hasta 9 kilos de pescado igualmente nutritivo para alimentar al pez gordo del lujo.

La pesca artesanal de los dirigentes

Mientras el empresariado pesquero ha hecho y deshecho en la esfera de las políticas públicas, la pequeña burguesía pesquera artesanal, compuesta en gran medida por armadores privilegiados por el RAE y que se apoderaron de las cúpulas dirigenciales de los sindicatos pesqueros de la CONAPACH y CONFEPACH, han limitado su accionar a una lucha de resistencia, de atrincheramiento progresivo a la retirada. A la vez que han sido cómplices de la consolidación del modelo de administración pesquero, se han dedicado a llenarse los bolsillos a expensas de sus sindicatos sin siquiera pescar y han servido de operadores políticos de los gobiernos de turno para conseguir la aprobación del sector pesquero artesanal en iniciativas tan repudiables como, el sistema de LMCA, el RAE, la privatización del mar y actualmente el acuerdo Longueira que firmaron muchos dirigentes sin siquiera consultar a sus bases (5).

La pesca artesanal hoy se encuentra, acorralada en las primeras millas marítimas donde los recursos son escasos, dependiente del sector industrial ya que deben vender sus capturas a las pesqueras procesadoras que pertenecen a los mismos dueños de las flotas industriales y que además fijan los precios unilateralmente, bajo una normativa que propende al traspaso de cuotas desde el sector artesanal al industrial, con los registros artesanales de pesca cerrados a las nuevas generaciones, ahogada en tributaciones abusivas, si se entiende la magnitud de sus rentas en comparación con el sector industrial, y constantemente amenazada por los debacles que generan las industrias contaminantes del borde costero. En este escenario la dirigencia sindical de la pesca artesanal concibe su “lucha” en mendigar cuotas, defender las 5 millas marinas de derecho exclusivo a la pesca artesanal, y evaluar formas más afables del pago de las permisos de pesca y la instalación del sistema GPS que se exige en la nueva Ley. Nada se ha dicho sobre la privatización de los peces, la soberanía alimentaria o la sustentabilidad efectiva de la pesca.

Un sector pesquero clasista

Hoy en día el único sector sindical de la pesca artesanal que mantiene cierta intransigencia contra el modelo imperante es la Comisión Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile A.G. Sin embargo, más allá de lo valorable que pueda ser esta perfectible iniciativa, en esta organización aún penan la falta de reivindicaciones de carácter estructural y la ausencia de clasismo.

Lo importante aquí es que, independiente de donde surja el trabajo que apunte a la construcción de un sindicalismo de clase en la pesca artesanal, existen temas transversales que deben ser abordados.

La pesca artesanal no puede seguir concibiéndose como una eterna sobreviviente. No es posible que esta apueste a su conservación mediante la defensa de las 5 millas como caballito de batalla frente a la sobreexplotación de los recursos, sencillamente porque las poblaciones que son capturadas por el sector artesanal e industrial son las mismas y los peces no tienen noción de ningún sistema métrico. Tampoco tiene sentido agotarse criticando artes de pesca nocivos, o la restricción de las tallas de captura, si por muy buenas prácticas pesqueras que se pudieran implementar, la magnitud de la depredación realizada por el sector industrial de todas maneras hace insostenible la pesca en su totalidad.

Por otro lado, la pesca artesanal debe constituirse como un sector productivo en sí mismo y generar proyecciones propias, cortando de cuajo el vicioso cordón umbilical que la amarra al sector industrial, así como de los parásitos de la industria intermediaria. No se esperan soluciones mágicas que operen en el inmediato, pero claramente hay que empezar. No son pocas las ideas dentro de algunos sectores de la pesca artesanal que, por ejemplo, buscan otorgar valor agregado a sus capturas al generar, por ellos mismos, productos de consumo directo para la gente, como es el caso e algunas iniciativas de conserveras, ahumados, o enlatados. Lamentablemente para esto se requiere insertar un nuevo concepto dentro de la “innovación”, la cooperativa del sindicato en oposición a la PYME individualista y fragmentadora.

Entender que los peces son para alimentar al pueblo y no a especies exóticas, entender que la lucha es difícil pero no imposible si se concibe como de clase y no gremial, entender que la pesca industrial y la artesanal son antagónicas e incompatibles, y que en la actual pugna solo una podrá sobrevivir. Todo esto es necesario, pero nada tendrá sentido si como primera necesidad metodológica no se instala el sindicalismo de base. La piedra angular para la elaboración de un proyecto popular de pesca integrado con los demás sectores de la sociedad en pos de la construcción del poder popular es el sindicalismo libertario, es la colectividad, es la noción clasista de que en los últimos 22 años el sindicalismo de cúpulas ha propiciado la muerte de la pesca artesanal en base a mentiras, coimas, y transar en materias donde el interés personal de los dirigentes y las dirigentas primó por sobre el de la clase.

Como en todo el sindicalismo nacional e internacional, el llamado no es a apartarse sino a reconstruir las organizaciones de base, la democracia participativa y la integración intersectorial que permita la definición estratégica y táctica en base al fructífero análisis clasista.

Luis Bedriñana