El doble movimiento –militar y político- de EEUU ocurre en el marco del deterioro de la situación de seguridad de Honduras y otros países caribeños, así como la irrupción en la escena geopolítica de la organización privada UnoAmérica, que promueve otro golpe de Estado contra Venezuela, quiere barrer la revolución continental bolivariana y hasta hace denuncias contra el mandatario estadounidense Barack Obama.
 

Esa polarización explosiva con epicentro en Tegucigalpa, donde el régimen golpista apoyado por UnoAmérica reta toda la presión internacional y amenaza militarmente los intentos de que retorne el presidente José Manuel Zelaya, ha planteado el resurgimiento con fuerza y coordinación de un sector de ultra derecha a través de organizaciones no gubernamentales. La situación es particularmente delicada para esta pequeña nación caribeña y colonia de EEUU desde 1898, donde la influencia de bancos y capitales de América Latina se hace sentir cada vez más.

Como es la costumbre en estos casos, los helicópteros Lakota ya se encuentran en una pequeña base militar en el aeropuerto de Isla Grande, en plena capital, sin que sean objeto de mayor atención por parte de los medios noticiosos isleños. Eso, a pesar de que es la primera vez que tales helicópteros son asignados a bases fuera del territorio nacional de EEUU y cuyo diseño les hace especialmente útiles para misiones de apoyo a fuerzas militares y contra insurgentes en teatros civiles, lo que combina bien con la asignación de fondos para construir instalaciones de entrenamiento para guerra urbana en una base del sur del país.
 

Se ha indicado que los Lakota sirven para operaciones de interdicción de contrabando de drogas y misiones humanitarias. Esos términos son utilizados en la descripción de los recorridos que realiza la Cuarta Flota por las islas caribeñas y en América Central, como la CP09, que acaba de culminar en esa región con la participación de los puestos avanzados JTF-Bravo de la base de Palmerola en Honduras y JTF-Aguila, de Comalapa, El Salvador.

Mientras tanto, alejada de todo discurso sobre los preparativos militares, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EEUU aprobó –por votación de 30-9- referir al plenario una propuesta para autorizar al Gobierno de Puerto Rico a que convoque y financie dos rondas de consultas sobre la condición colonial. La primera de las consultas sería para que los puertorriqueños digan si quieren continuar bajo el actual régimen autonómico denominado Estado Libre Asociado y la segunda, si la votación fuese negativa, para expresar su preferencia entre anexión como estado de la Unión, una forma de república asociada o independencia.

Como varios congresistas presentaron enmiendas para que se hiciera claro que si Puerto Rico quería convertirse en estado de EEUU tendría que votar esa opción una super mayoría de al menos dos terceras partes del electorado y el inglés sería el idioma oficial, el Comisionado Residente Pedro Pierluisi logró superar el escollo explicando que tales precisiones serían “prematuras”. Pierluisi aclaró que se trata de una serie de votaciones en Puerto Rico que no comprometen en sentido alguno al Congreso y que en todo caso esos asuntos podrían debatirse si en algún momento se dieran las condiciones para que EEUU le hiciera una oferta formal a Puerto Rico.

Ni siquiera se discutieron las enmiendas propuestas por el pequeño aunque influyente Partido Independentista Puertorriqueño para que la medida incluyera la posibilidad de una asamblea constituyente como segundo paso. Mucho menos hubo mención alguna a las advertencias del presidente del PIP, Rubén Berríos, de que el problema de fondo es cuán lejos dentro de América Latina se pretende colocar formalmente la frontera sur de EEUU.

Lo que pasa es que, a juzgar por las tendencias económicas de los últimos años, lo que está ocurriendo por el momento no es cuánto avanza el dominio económico del Norte sino cómo se consolida en esta colonia estadounidense del noreste del Mar Caribe la influencia latinoamericana.

Esa creciente presencia económica del Sur va entrando a la vez que la descapitalización de la economía de Puerto Rico se ha agravado al punto de que mientras en 1999 la inversión física total pública y privada representaba el 31.3 por ciento del PNB, al cierre del 2008 era apenas el 18.7 por ciento.

 Entretanto, para el mismo período, la inversión de capital de compañías de EEUU correspondía al 73 por ciento del total y bajó al 71 por ciento, en tanto que la inversión combinada de empresas de Puerto Rico y los demás países del mundo subió de 27 por ciento a cerca del 30 por ciento.

Hoy en Puerto Rico hay presencia de capitales industriales de Venezuela, Colombia, México, Costa Rica, Curacao, Panamá y Paraguay, entre otros países de la región. El Gobierno de Puerto Rico busca además incrementar esa inversión extranjera y está poniendo atención especial en atraer empresas manufactureras europeas.

Otro tanto ocurre con la banca y mientras es notable la retirada de esas instituciones de EEUU, el abanico de bancos internacionales de inversiones incluye a instituciones como el colombiano Bancolombia, y los venezolanos Banesco e Italbank.

En ese marco, resulta ya familiar estrategas políticos boricuas asesorando gobiernos latinoamericanos, al igual que la recepción en Puerto Rico de la cadena sudamericana con sede en Caracas TELESUR.
 

Ese panorama, sin embargo, se torna incierto por la crisis de Honduras y la agenda anunciada por UnoAmérica contra el ALBA y UNASUR, y a favor de golpes militares y otras acciones para derrotar los cambios electorales que han llevado a gobiernos de diversas tendencias de izquierda al poder. Así las cosas, la posibilidad del retorno a la democracia en Honduras parece estar muy vinculada a la suerte de Puerto Rico.-